La “crisis” y el patrimonio.
Lo veíamos venir. Tras la sanidad, la educación, el trabajo
y hasta las jubilaciones, el cerco neoliberal ahora se cierne sobre el
patrimonio cultural arquitectónico y urbano.
Agotados los territorios periurbanos, y sumidos en una desértica
ruina territorial y económica, la codicia se centra ahora en los lugares más
privilegiados en los centros de las ciudades.
Aquí venimos citando los casos de Madrid (Manzana Canalejas),
Sevilla (Torre Pelli y dragado Guadalquivir), Venecia (Edificios Benetton y
Cardín), Santander (Centro Botín) y la lista se generaliza.
Y en todos los casos se justifican las nuevas actuaciones
urbanísticas en regenerar la actividad y los puestos de trabajo en esta crisis.
Pero todo responde a una privatización global de los recursos públicos y
patrimoniales.
Pero, en nuestro país, faltaba un soporte legislativo
adecuado. Y ya lo tenemos listo para su aprobación en fechas muy próximas: La
nueva Ley de Costas y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
La primera, la Ley de Costas, de carácter general, va a
permitir una amnistía general para infracciones anteriores y carta blanca para
nuevas ocupaciones de marismas, marjales, salinas y al menos 80 m de la franja
costera ahora protegida.
El segundo, a modo experimental, significa la rebaja de las
condiciones de protección del patrimonio edificado que, junto a una elevada
tasa impositiva, hará desocupar de sus actuales habitantes amplias zonas del
centro de la ciudad, para albergar funciones de ocio y servicios.
Conclusión: de nuevo se incentiva la ocupación del litoral y
la desaparición del patrimonio arquitectónico del centro de la ciudad.
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